Informe sobre el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Por el interés que tiene dejo aquí, un artículo publicado por Marcos Criado de Diego, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y militante de I.U.

El Proyecto de Ley analizado consiste esencialmente en 

a) Respecto a los tributos cedidos, elimina una serie de deducciones del IRPF, modifica el tipo de gravamen del impuesto de patrimonio, se realiza una reforma de contenido esencialmente técnico del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, establece una nuevo régimen para ciertos tipos de apuestas, se incrementan los tipos de gravamen del impuesto especial sobre determinados medios de transporte y se equipara el gravamen del gasóleo de uso general con el de la gasolina en el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (céntimo sanitario).

b) Respecto a los tributos propios, cabe destacar la creación de cuatro nuevos impuestos que pretenden ser de naturaleza extrafiscal: es decir, su pretensión no es recaudatoria, sino que están destinados a desincentivar determinadas prácticas contaminantes.

c) Por último, se crean un sinfín de nuevas tasas y se modifican algunas de las existentes, con el argumento de que su finalidad no es recaudatoria sino de compensación del gasto por la utilización de servicios administrativos.

La filosofía del Proyecto, según su Exposición de Motivos, es afrontar la reducción del déficit fiscal de Extremadura por la vía del aumento de los ingresos, y no exclusivamente por la del recorte del gasto. Así enunciada, la filosofía parece coincidir con lo que públicamente ha venido defendiendo Izquierda Unida: que el problema presupuestario es esencialmente un problema de reducción drástica del ingreso, por lo que una política de ajustes, al deprimir aun más la economía, profundiza el hundimiento de la recaudación y, por tanto, de las entradas del estado; de esta suerte, el déficit debe afrontarse por la vía del ingreso y no principalmente por la de la reducción del gasto.

En términos abstractos, esta filosofía resulta cierta. Ahora bien, cabe dudar de su eficacia a la luz de los términos en que se concreta: cabe dudar de la capacidad recaudatoria de muchos de los impuestos, cuyo aumento de ingresos en la memoria económica resulta ciertamente optimista y no tiene en cuenta variables que pueden condicionar la recaudación; cabe dudar también de la justicia de las medidas tributarias, entendiendo por tal la progresividad del sistema impositivo y no sólo de ciertas figuras tributarias, de suerte que la carga impositiva total de las clases más ricas sea proporcionalmente superior (tomando como referencia su renta y patrimonio) a la de las más pobres. La mayor parte de las figuras impositivas nuevas o reformadas carecen de una estructura progresiva, sin que la exención de o la posibilidad de devolución a los parados de larga duración y las pensiones no contributivas, modifiquen sustancialmente este hecho. Entre otras cosas, la reforma del IRPF actúa esencialmente sobre las deducciones existentes (muchas de las cuales se introdujeron en 2010) y que estaban, en muchos casos referidas a grupos en desventaja como las mujeres y los jóvenes. 

Pero, por otra parte, cabe dudar de que las Comunidades Autónomas tengan realmente capacidad para establecer una auténtica estructura impositiva progresiva a través de sus tributos propios. Se trata de un problema estructural del estado autonómico español, que concibe a las autonomías como unidades de gasto controladas por el estado a través de los ingresos, para que no puedan realizar auténticas políticas económicas diferenciadas que afecten al principio de unidad de mercado. En el caso extremeño, por ejemplo, la capacidad de actuar sobre el tramo autonómico del IRPF está bastante reducida por el hecho de que únicamente unas 6000 personas obtienen ingresos por encima de los 60.000 euros anuales.  Por otra parte, la posibilidad de gravar actividades económicas muy lucrativas como la central de Almaraz, depende de modificaciones legales a nivel estatal.

También debe tenerse en cuenta que los impuestos a la renta y al patrimonio resultan más difíciles de gestionar por parte de la administración y más sensibles al fraude que los impuestos al consumo o a los servicios administrativos, cuyas bolsas de fraude se reducen. Aumentar los impuestos a la renta y al patrimonio conlleva aumentos en el gasto administrativo, tanto en gestión, como en formación del funcionariado, por lo que sus repercusiones se producen a medio-largo plazo, y no de forma inmediata, como se pretende con el actual proyecto de ley. Resulta mucho más sencillo crear y gestionar tasas, que auténticos impuestos.

En cuanto al análisis pormenorizado de las medidas adoptadas, puede señalarse lo siguiente:

a) Respecto a la modificación del IRPF, debe tenerse en cuenta los señalado por el informe de impacto de género, relativo a la carga que sobre un grupo social específico (la mujer) supone la reducción de las deducciones por autoempleo de jóvenes y mujeres emprendedores/as, dada la doble dificultad que para acceder al mundo empresarial se desprende del hecho de ser mujer. También ve emporada la mujer su situación al eliminarse la deducción por familia monoparental, ya que la mayor parte de estas están soportadas por mujeres. Igualmente, los menores de 35 años soportan proporcionalmente más carga de la reducción que otros grupos sociales (emprendedores, alquiler, compra de ordenadores), precisamente el colectivo más castigado por la crisis. También, grupos sociales con más necesidades como las familias numerosas o los minusválidos ven empeorada su situación de renta por la supresión de las deducciones en alquiler de vivienda. En este sentido cabe preguntarse si, en una coyuntura económica como la actual en que los precios de las viviendas están todavía en periodo de ajuste, no podrían mantenerse algunas de las deducciones que afectan a grupos sociales desaventajados y compensar su ahorro con la eliminación de la deducción por adquisición de vivienda para jóvenes y víctimas del terrorismo (que ha sido, además, una de las medidas de fomento de la burbuja inmobiliaria).

b) Respecto al impuesto de patrimonio, debe tenerse en cuenta que es una medida que sólo se aplica en el ejercicio en curso ( a no ser que el estado prorrogue la vigencia del impuesto) y que, dado que sólo afecta al patrimonio de las personas físicas y que las rentas más altas tienen su patrimonio a nombre de personas jurídicas, su impacto fundamental se producirá sobre las clases medias que tengan una vivienda y otras formas de patrimonio cuyo valor sea superior a los 700.000 euros.   

c) Respecto al impuesto sobre determinados medios de transporte, su previsión de ingresos (de casi un millón de euros) resulta difícil de sostener, dada la continuada caída en la matriculación durante la crisis de los vehículos que grava.

d) Respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales, sus objetivos son fundamentalmente dos: uno de índole técnica, como es establecer un tipo único para tratar de impedir que las transmisiones inmobiliarias entre particulares se presenten como transmisiones en una actividad empresarial; y aumentar el gravamen sobre la compra de vehículos usados, que también ha caído durante la crisis.

e) Respecto al impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas que ha sido declarado contrario al derecho europeo por la Comisión y que España deberá modificar para evitar una demanda ante el TJUE, por lo que es de esperar que en breve se convierta en un recargo cedido a las Comunidades Autónomas sobre el impuesto de Hidrocarburos, lo que el proyecto ya contempla.  Resulta positiva la devolución del impuesto a los profesionales, con un tope anual de litros de gasóleo por vehículo. Debe también señalarse que este impuesto no agota su capacidad recaudatoria, pus no se extiende al gasóleo de usos especiales y el de calefacción que también puede ser gravado según el art. 52 de la Ley 22/2009, del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen común.

d) Respecto a los pretendidos impuestos medioambientales, algunos de ellos son difícilmente sostenibles como extrafiscales, particularmente el canon de saneamiento ya que grava directamente el consumo de agua y prevé exenciones para los usos más contaminantes como el agrícola. En el fondo, no es más que una figura de fácil gestión que reporta grandes ingresos (la mitad de los previstos), ya que la demanda de agua es rígida. Pero también cabe dudar de su capacidad recaudatoria (con excepción del canon de saneamiento), ya que por lo general este tipo de impuestos lo que provocan son cambios técnicos en las empresas para impedir entrar en el supuesto de hecho.

Las principales críticas que se deben hacer a estas figuras es i) que suponen una carga excesiva para los ciudadanos, ya que no sólo tienen que asumir los aumentos (los cinco céntimos de las bolsas de plástico o el aumento del recibo del agua), sino que además los costes que estos impuestos suponen para las empresas, ya que forman parte de la base imponible del IVA que se aumenta, también los soportarán los ciudadanos como consumidores vía aumento de los precios; ii)  existen lagunas técnicas señaladas por el informe del Consejo consultivo, como es la ausencia de un sistema de infracciones y sanciones en todos ellos (salvo el canon de saneamiento), o el problema de sustitución y repercusión en el pago del impuesto de eliminación de residuos en vertederos en los municipios en que el vertedero no esté directamente gestionado por la entidad local, sino por una empresa concesionaria.

f) Respecto a las tasas, no se aprecian problemas de legalidad en ninguna de ellas. Sin embargo, sí debe señalarse que la aprobación de semejante volumen de nuevas tasas o de incremento de las existentes no se justifica en ninguna de las memorias que acompañan al proyecto como una actualización de los costes reales de los servicios cuyo disfrute gravan, que es lo que señala la exposición de motivos, por lo que debe inscribirse en un proceso turbador de progresiva sustitución de los impuestos por tasas, lo que resulta difícilmente compatible con las características constitucionales del sistema tributario (dado que la tasa plantea problemas de modulación respecto a la renta de las personas y, en el caso que nos ocupa, directamente no existe, salvo algunas excepciones para parados de larga duración y pensiones no contributivas) y sólo se explica por las facilidades de gestión que otorga a la administración pública. Sería recomendable prever ciertos mecanismos de modulación (no sólo vía excepciones) en razón de renta.

g) Por último, la disposición adicional 1ª del Proyecto prevé la posibilidad de que el endeudamiento extraordinario pueda dirigirse al pago de proveedores, en consonancia con lo establecido en Ley Orgánica 12/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. Sin embargo, el art. 85.2 del Estatuto de Extremadura ordena que la deuda pública se destinará exclusivamente a gastos de inversión, por lo que puede servir de base para la impugnación de la utilización de la deuda con fines distintos.  

Otra Unión Europea y Otro Mundo son Posibles.

COMUNICADO DE PRENSA DE IZQUIERDA UNIDA BADAJOZ.

Lunes 18 de junio de 2012.

Con motivo de las Cumbres del G-20 Europea de los próximos días y de las Elecciones llevadas a cabo en Francia y Grecia el domingo 17 de junio.       

Desde Izquierda Unida de Badajoz queremos hacer un llamamiento a la Ciudadanía a salir a la calle y a oponerse a las Políticas Neoliberales de ajuste estructural que se imponen a los Pueblos en distintos Países Europeos entre ellos España por parte de: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

 Estas políticas impulsadas por el Consejo Europeo a través del Pacto del Euro no son más que una estrategia política para obligar a los Estados a una batería de nuevos recortes de derechos sociales: ataque a los derechos laborales (flexibilización laboral, desmantelamiento de la negociación colectiva, retraso de la edad de jubilación, merma de los salarios), reducir drásticamente la función pública, tanto en personal como en retribuciones, privatizar el sistema de pensiones y concluir con el proceso de desmantelamiento progresivo de los servicios públicos.

La crisis que sacude el mundo desde el año 2007 es mucho más que una crisis económica y financiera. Es también una crisis social, ecológica, política y, sobre todo, ética. En realidad, es una crisis sistémica que engloba a toda nuestra realidad planetaria.

Nos encontramos frente a una verdadera crisis del Capitalismo Financiero Global no solo local en Europa. Las Deudas Públicas y Privadas de la mayor parte de los Países del Mundo son impagables debido fundamentalmente a que el Crecimiento del Producto Interior Bruto de los mismos en el presente y en el futuro se hayan condicionados por los límites ecológicos del Planeta y por el propio proceso evolutivo de la globalización con un nuevo cambio en el Status Quo Dominante de los Países en el Mundo. La desregulación financiera internacional con la Especulación Financiera Diaria y la realidad de los Paraísos Fiscales hacen de la situación insostenible.

Por todo ello, precisamos de un cambio en los individuos y en las sociedades, necesitamos más Democracia Real en las Instituciones Europeas con una revalorización del Parlamento Europeo, obligar al Banco Central Europeo a defender los intereses de los Pueblos frente a la especulación financiera y el poder de las élites financieras y empresariales.  

Izquierda Unida de Badajoz luchará a favor de una Europa Social que defienda los Derechos Humanos, Ambientales y Económicos dentro y fuera de sus Fronteras. Una Unión Europea solidaria e internacionalista que promueva un Nuevo Orden Mundial ético, democrático y conservacionista del medio ambiente. 

Artículo de Margarita González Jubete publicado en "Diario Hoy"

REGATE EN CORTO
Los dos proyectos de Ley presentados al Parlamento Regional por vía de urgencia- uno sobre medidas de contención del gasto y otro con medidas tributarias- son las dos caras de una misma moneda y tienen una única finalidad: conseguir el objetivo de reducir el déficit público y alcanzar la estabilidad presupuestaria.

Estas medidas (recortes en gasto público e incremento de la presión fiscal al conjunto de la población) apuntan -y no hay que ser Krugman para advertirlo- a la reducción de la actividad económica regional, lo que a su vez deprimirá, aún más, nuestro tejido productivo, aumentando el desempleo y minorando la renta familiar disponible.

Recomiendo la lectura del Dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura. Basta para darse cuenta de la inoperancia de los dos proyectos. Hasta el Consejo Consultivo habla de “deficiente técnica normativa”.

Pero las lágrimas del Consejero de Economía y Hacienda no van a llegar al Guadiana cuando la Asamblea de Extremadura tumbe el proyecto de ley de contención de gastos. El grueso de los recortes no está en este proyecto. Están en la aplicación drástica que el Gobierno regional hace de la normativa básica estatal del Gobierno de Rajoy, aprobada mediante decretos-leyes de dudosa constitucionalidad. En la Asamblea estos proyectos son un baile de salón en el que unos juegan a demócratas y otros a ser oposición.

La reducción sustancial del gasto vendrá de la no contratación de interinos en educación, motivada por el aumento de la carga lectiva; y por la reducción considerable de las contrataciones interinas y de refuerzo en el ámbito sanitario, que ya no serán necesarias al incrementar la jornada laboral en el sector público. Sólo con estos recortes ya se queda a gusto el consejero. Además podrá añadir lo que “arañe” en la reducción de becas, el incremento de las tasas universitarias, el copago farmacéutico de los pensionistas, etc.

Por lo que respecta al incremento de los ingresos públicos, dos medidas se aplican a generar gravámenes a consumos inelásticos que afectan a toda la población: el céntimo sanitario de los combustibles -en realidad casi 5 céntimos por litro- y el canon de saneamiento. Este canon pretende recaudar 30 millones de euros aplicando una subida de 2 euros mensuales al recibo del agua. Subida que hay que añadir a las que se han practicado en las tarifas de consumo de la gran mayoría de ayuntamientos de la región. Este tributo se convierte en un monumento a la desigualdad, por mucho que quieran dulcificarlo diciendo que podrán recuperarlo -pagando previamente- los parados de larga duración y los que tengan pensiones no contributivas. Todos los demás, familias y pensionistas, tendrán que abonarlo.

Como afirma el Consejo Económico y Social en su dictamen, el mayor crecimiento de los ingresos se producirá a través de un proceso de crecimiento y creación de empleo y no imponiendo mayor presión fiscal a las empresas, a las familias y a los trabajadores. Sólo la creación de empleo será la palanca que nos hará salir de esta espiral envenenada.

El filósofo italiano Norberto Bobbio afirmaba que derecha e izquierda son dos formas de afrontar las necesidades de la sociedad. Decía que si algo define a la izquierda es la perseguida igualdad, a la que la derecha antepone la libertad, sin que esto signifique que uno y otro lado del tándem ideológico desechen la otra, pero sí su predominio. La  idea predominante en ambos proyectos de ley no es precisamente  la igualdad.

El programa de Izquierda Unida es contrario a una política tributaria basada en la recaudación a través de impuestos indirectos, porque produce desigualdad: los impuestos indirectos suponen, de facto, recortes en el poder adquisitivo de la población. Ambos proyectos de ley merecen nuestro rechazo. Forman parte de un ideario que no es el nuestro, de unas políticas que no son las nuestras, prolegómeno de lo que vendrá en octubre con el próximo proyecto de presupuestos regionales para 2013.

Eurocopa. Si la actual dirección de Izquierda Unida intenta “regatear en corto” (ver diccionario RAE) en este ámbito, corre el riesgo de perder la orientación del juego o, en este caso, de su programa (lógicamente el ámbito del “regate/regateo” debe venir marcado por el programa). Izquierda Unida tiene que saber jugar levantando la mirada y darse cuenta de que, a veces, la mejor jugada es pasar el balón, o tirar a puerta…, pero sin equivocarse de portería. 

Fdo.: Margarita González Jubete.

“La Mayoría” se opone al aumento de los impuestos indirectos propuestos por Monago.

“La mayoría, como corriente interna de IU-Extremadura se manifiesta frontalmente en contra de las medidas impositivas dirigidas a incrementar la presión fiscal mediante el aumento de los impuestos indirectos en nuestra región.

El incremento de los impuestos que gravan  el consumo, como pueden ser los hidrocarburos y los que  quieren establecer sobre las bolsas de plástico no biodegradables,  supone una vulneración de los principios básicos que inspira la política fiscal del programa de Izquierda Unida.

Así, la orientación de las propuestas que deben defender IU encuentran su fundamento en la progresividad fiscal, es decir,  en la idea de que debe pagar más el que más tiene, por lo que, si bien somos partidarios de mejorar la situación de las cuentas públicas por medio vía de incrementar los ingresos, entendemos que para ello ha respetarse el principio de progresividad, y el aumento de los impuestos sobre las rentas más altas y de los beneficios de las grandes empresas.

Desde “La mayoría”, queremos recordar que las subidas de los impuestos sobre el consumo no tiene en consideración los diferentes niveles de renta de los contribuyentes, lo que supone que el ciudadano termina pagando los mismos impuestos sean cuales sean sus ingresos.

Además, por su propia naturaleza, los impuestos indirectos  implican un aumento de los costes de producción para las pequeñas y medianas empresas, así como una disminución de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, por lo que sus efectos son los contrarios a los que se persiguen.

Debemos señalar que la funciones básicas de los impuestos son la financiación de los gastos de las administraciones públicas y la redistribución de la riqueza a través de la implantación de los servicios públicos y la transferencias de renta hacia las capas más desfavorecidas, por lo que el incremento las figuras impositivas que gravan el consumo desnaturalizan las funciones propias que tienen las administraciones públicas.

Debemos señalar que el hecho de intentar asumir los recortes a través de la subida de los impuestos sobre el consumo se traduce en la voluntad del gobierno de Monago de hacer recaer los costes de la crisis sobre los extremeños y sus familias, y no sobre los que la han provocado.

Por todo ello, los militantes que integran “La Mayoría”, muestran su oposición a cualquier tipo de iniciativa fiscal que suponga cargar sobre las espaldas de las familias el coste de la crisis, así como el destino de fondos públicos para el rescate de aquellas entidades que han generado la gravísimo escenario en el que nos encontramos.