El Gobierno esconde la verdad cuando habla de la reforma de las pensiones públicas.El Gobierno dice que es inevitable aumentar la edad legal de jubilación a los 67 años (aunque lo quiera hacer con flexibilidad).
No es cierto.
España es uno de los países de Europa con una edad “real” de jubilación más alta (63 años y 10 meses) y cercana a la edad legal.
El Gobierno dice que el aumento de la esperanza de vida (habrá más pensionistas en el futuro) hace necesaria la reforma.
No es cierto.
Es verdad que habrá más pensionistas, pero también es verdad que habrá más cotizantes y con cotizaciones más altas. El problema no es demográfico, sino de voluntad política. Se pueden hacer cotizar los contratos que están en la economía sumergida, se puede evitar que las mujeres ganen un 30% menos que los hombres y, por tanto, coticen menos, se puede elevar el salario mínimo (uno de los más bajos de Europa), se puede hacer cotizar las becas (en su mayor parte son contratos laborales encubiertos) se pueden elevar las cotizaciones máximas (la base más alta son 3.198 euros/mes; a partir de ahí ya no se cotiza más).
El Gobierno dice que el gasto en pensiones es muy alto.
No es cierto.
En 2011 gastaremos en pensiones contributivas en torno al 10% del PIB. En 2040, el 14%. Hoy hay ya países como Italia que ya gastan ese 14 %. Francia gasta ya el 12%. Nuestras pensiones medias son de las más bajas de Europa y el número de pensionistas comparado con la población también es de los más reducidos. Incluso en períodos de crisis como el actual y con 4,5 millones de parados, la Seguridad Social tiene superávit y el Fondo de reserva está aumentando hasta alcanzar casi los 70.000 millones de euros.
El Gobierno dice que las medidas que se toman ahora son para consolidar el sistema y garantizar las pensiones del futuro.
No es cierto.
La realidad es que las medidas que se toman tienen por objetivo reducir las pensiones y así lo expresa el Gobierno en el compromiso contenido en el Plan de Austeridad enviado a la Comisión Europea. El aumento de la edad de jubilación significa que todos cobraríamos dos años menos de pensión, con el consiguiente ahorro (que se estima en un 6%) y el aumento de los años de cómputo para determinar el importe de la pensión, de los actuales 15 años a 20 o 25, significa que todos cobraremos pensiones más bajas (entre un 5 y un 10% menos) porque los salarios más antiguos eran más bajos.
El Gobierno dice que defiende el sistema público de pensiones.
No es cierto.
Lo ha entregado a los mercados, que tienen nombre y apellidos. Son los bancos y las compañías de seguros. Se pretende un modelo asistencial, es decir unas pensiones públicas mínimas y el resto con complementos de los seguros privados.
Todo ello parece una mala inocentada de fin de año. Pero no lo es.
Sólo la lucha y la movilización pueden impedir que toquen las pensiones imponiendo su reforma dentro de un mes.
